El Gobierno unifica toda la normativa sobre discapacidad

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Ley General de Discapacidad para aglutinar toda la normativa en la materia, que ya había sido adaptada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La nueva normativa, en la que han participado organizaciones del sector y en especial el Cermi, define los distintos tipos de discapacidad y de discriminación, incluye el reconocimiento expreso del principio de libertad en la toma de decisiones o clasifica los distintos tipos de empleo, entre las principales novedades.

De esta forma, se unifican la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (Lismi) de 1982 y Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de 2003 y la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad de 2007.

La nueva ley incluye un título dedicado a los derechos de estas personas en el ámbito de la salud, en el que las administraciones deberán desarrollar actuaciones para garantizar una atención sanitaria efectiva, y en el ámbito educativo para atender las necesidades del alumnado con discapacidad mediante apoyos y ajustes correspondientes.

Se clasifican por primera vez los distintos tipos de empleo: 'ordinario', de las empresas y administraciones públicas incluidos los servicios de empleo y apoyo; 'protegido', en centros especiales; y 'autónomo'.

También se definen los distintos tipos de discriminación, añadiéndose a las ya contempladas -'directa' e 'indirecta'- la discriminación 'por asociación' (cuando una persona o grupo es objeto de trato discriminatorio por su relación con una persona con discapacidad) y 'por acoso' (creación de un entorno intimidatorio, hostil y degradante). La 'discriminación múltiple' se refuerza en esta ley con el fin de proteger de manera singular a los niños y mujeres con discapacidad.

La normativa incluye el reconocimiento expreso del principio de libertad en la toma de decisiones, que afecta a todos los derechos que se regulan, de manera que sean las personas con discapacidad las que puedan optar o no por acogerse a las medidas de acción positiva.

Según indica el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Ley General de Discapacidad es "más que un compendio" legislativo, pues supone el "reconocimiento expreso" que los titulares de de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar su ejercicio pleno. "Se supera así el concepto asistencial de décadas pasadas", añade el departamento de Mato en un comunicado.

REFUEZO DE DERECHOS

El Comité Español de Representantes d Personas con Discapacidad (CERMI) considera que la unificación y actualización de la normativa de la discapacidad refuerza el enfoque de derechos. Así lo manifiesta tras la aprobación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que unifica toda la normativa en esta materia.


En este sentido, el CERMI saluda la llegada de este decreto legislativo, ya que supone “un avance” para las personas con discapacidad. En su opinión, “no es una ley de nueva planta”, pero sí un avance en la legislación, “que la hace más segura”.

Según informa, “está claro el alcance de la nueva norma, pero no creará nuevos derechos para la ciudadanía con discapacidad”, ya que es un texto refundido, aunque, añade, sí “armonizará y aclarará” conceptos.

El CERMI recuerda, por otra parte, que la elaboración de este texto refundido responde a los requerimientos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recogidos, a su vez, en la Ley de Adaptación normativa a la Convención de la ONU.

Asimismo, el Comité valora el hecho de que este texto aprobado hoy por el Gobierno “brinde, en tiempos difíciles, derechos establecidos en normas como la LISMI, aprobada hace ya más de 20 años”.

Por último, el CERMI expresa su confianza en que este decreto sirva de base a las comunidades autónomas para que desarrollen sus propias leyes sobre discapacidad.

Este Real Decreto Legislativo, que ha contado con la colaboración de las entidades de la discapacidad, representadas en torno al CERMI, ha integrado en una sola norma la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI); la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU), y la Ley por la que se establece el Régimen de Infracciones y Sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Todas estas normas se han actualizado y armonizado siguiendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.