La ley de Dependencia cumple diez años ayudando a 21.600 granadinos

Este año se cumple el décimo aniversario de una de las leyes que cambió el panorama social y de derechos del país: la ley de Dependencia. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se aprobó en el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero y respondía a la demanda de atender, garantizar las prestaciones y los derechos de los dependientes, los que ya lo eran y los que con el paso del tiempo, llegada de enfermedades u otras situaciones, quedaran con una necesidad de atención clara.

Hasta ese momento, la asistencia a los dependientes la asumía al completo las familias, que se tenían que ayudar de entidades privadas, ONG, asociaciones u otros recursos para atender a su familiar dependiente. Desde esa ley, los dependientes ganaron derechos y las familias, recursos para atenderlos, informa "Granada Hoy".

No en vano, ya en el primer párafo de la Ley lo deja claro: "La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía".

La ley de Dependencia alcanza su décimo aniversario, no sin dificultades. Pasó de un momento de auge inicial a verse casi amenazada de muerte por los recortes posteriores, justificados por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la crisis económica. De hecho, del compromiso de financiación del Gobierno, que en el inicio de la Ley fue del 50% junto a las comunidades autónomas, ahora se ha bajado al 22% de 2015, por lo que la Junta asume el 78% del gasto de su aplicación en Andalucía. Ahora parece que la máquina se reactiva y está a pleno rendimiento, con todos los niveles en vigor y atendiéndose a miles de personas. Y las que esperan.

En Granada, la ley ha pasado también por diferentes fases y tras el parón que comenzó en 2011 con los recortes, parece que también empieza a aumentar la marcha de nuevo.

Según los datos de la Delegación de Igualdad, en la actualidad en la provincia de Granada hay 21.600 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia. En total, están recibiendo 27.780 prestaciones, ya que una misma persona puede recibir varios servicios de los que se indican en el Plan Individual de Atención (PIA) que se hace a cada persona a la que se le ha reconocido un grado y nivel de dependencia.

La jefa de servicio de Valoración de la Dependencia de la Junta en Granada, María Vicenta Noguera Gómez, relata a este periódico cómo ha ido evolucionando la ley, desde que arrancó, "con menos recursos disponibles", hasta que en 2012 sufrió un gran recorte en el que entre otros cambios se rebaja la prestación económica. "Ahora la red es bastante amplia y podemos decir que la ley se mantiene estable. Además, este año entra en vigor el grado I (los más leves, que se irán introduciendo durante todo el año), que se ha venido retrasando desde el inicio de la ley, por lo que ya están todos los grados al completo", asegura.

El proceso sigue siendo el mismo. La solicitud llega a la Junta, que valora y otorga al dependiente un grado y nivel de dependencia, y luego se remite a los servicios sociales comunitarios para que realicen el PIA y después regresar a la Junta, que resuelve y autoriza las prestaciones. En cuanto a la velocidad del proceso, todo "depende de los servicios sociales comunitarios. Si tardan mucho se manda refuerzo", explica Noguera. De hecho, en la actualidad hay 18 personas de refuerzo ayudando a realizar PIA en los municipios de la provincia.

Además, en la capital se hizo un plan de choque en barrios que tenían más atraso, como Beiro, Ronda o Centro. Ese refuerzo es personal directo de la Junta. Pero además la administración da subvenciones para contratar a personal para realizar los PIA, lo que se llama el "refuerzo de la Dependencia". En la provincia hay 34 trabajadores sociales con este sistema. Se refuerza también a la Diputación, que tiene 15 trabajadores de refuerzo. 

"Los servicios sociales son el centro. El decreto de aplicación de la ley da mucho valor y pone mucha importancia en los Servicios Sociales Comunitarios para que hagan esa propuesta. La nueva Ley de Servicios Sociales de la Junta también recoge que los Servicios Sociales Comunitarios son la puerta de entrada porque pueden ver las necesidades reales", aseguró la jefa de servicio de la Delegación de Igualdad.

Ahora se está "andando a toda marcha y resolviendo mucho". Sólo en 2015 se realizaron 7.600 valoraciones. Había mucha lista de espera para valorar pero ya se está intentando atajar. Según Noguera, se están valorando ahora las solicitudes que se recibieron en el primer trimestre de 2015. "En un año hemos acortado dos. Sólo en 2015 entraron 10.000 solicitudes, por lo que el volumen es muy grande".

Después, en cuanto a la recepción de prestaciones (que puede ser económica, plaza en residencia, centro de día, teleasistencia, ayuda a domicilio...) hay lista de espera para asignar centro residencial, pero se asigna un recurso intermedio mientras, como la Ayuda a Domicilio.

En cuanto a las prestaciones, se están dando 7.400 de prestación económica para cuidados en el entorno (unos 350 euros mensuales) y servicios (residencia, UED, SAD, teleasistencia), unos 20.000. Así, la prestación económica está volviendo a ser "algo excepcional" ya que al principio de la ley, con menor red de centros y recursos, lo que más se daba era dinero directamente. Además, la anulación de la cotización de las cuidadoras también ha influido en esta bajada.