Valencia y Murcia se comprometen a pagar sus deudas con la discapacidad

La Conselleria de Bienestar Social abonó 51 millones de euros a las entidades de personas discapacitadas de la Comunitat Valenciana -pago con fecha 30 de diciembre-, que han obtenido esta semana el compromiso del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de que tratarán de "acelerar" los pagos pendientes para evitar que a finales de enero estos organismos deban justificar sus gastos, tal y como contempla la ley de Presupuestos, sin haber cobrado esas cantidades.

Así lo han confirmado el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, y el presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunitat, Joan Planells, que ha sido recibido en audiencia por el jefe del Consell, Alberto Fabra, junto con otros representantes del colectivo, informa 'Europa Press'.

En declaraciones a los periodistas tras el encuentro, ambos han destacado que ese pago supuso un "alivio" en la "difícil" situación que atraviesan estas entidades. Planells ha indicado que una vez liquidada esa "parte importante" de la deuda de Bienestar Social, el departamento que más les debe es el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), mientras que Sanidad va pagando "poco a poco" y ha saldado ya todas las deudas de ejercicios anteriores a 2011.

En la reunión, han pedido a Fabra que "no se repita" la "caótica" situación vivida el pasado año a causa de esos "retrasos en los pagos" que les han obligado a tener a trabajadores sin cobrar, con la consiguiente "pérdida de calidad" en el servicio. "Ha sido un otoño muy caliente, comenzamos a salir de él muy tímidamente y esperamos que no se repita", ha señalado Planells.

El presidente de Cermi CV ha celebrado el compromiso de acelerar los pagos pendientes porque, según ha dicho, esas entidades "difícilmente" podrían justificar todos sus gastos a finales de mes sin haber cobrado y, en ese caso, "la catástrofe sería mayor".

Planells ha valorado asimismo que el jefe del Consell haya aceptado la petición de reunirse con ellos y, sobre todo, la "gran receptividad" que ha mostrado ante la situación del sector. "Falta poner un calendario de acciones a realizar", ha añadido.

Prioridad de pago a colectivos desfavorecidos

Por su parte, Cabré ha asegurado que desde la Generalitat son "plenamente conscientes de las dificultades" que atraviesa este sector y que, por este motivo, hacen "todo lo posible dentro de las dificultades de tesorería" actuales para afrontar esos pagos, a los que dan prioridad por afectar a los "colectivos más desfavorecidos". Así, ha confiado en que "dentro de poco" puedan superar esas "turbulencias de tesorería" y recuperar la normalidad en los pagos.

Según el conseller, Fabra les ha trasladado que es "lógico" y "de justicia" que se reconozca el peso que les corresponde como representantes de 400.000 valencianos, de modo que "tengan voz" en todas las políticas que afectan a este colectivo. Además, ha querido explicarles personalmente la situación actual y las dificultades que atraviesan y manifestarles que "todos juntos, de la mano, con realismo y con pragmatismo, es la mejor forma" de salir adelante.

En este contexto de crisis, considera "fundamental" que "las personas más necesitadas sean las que menos se vean perjudicadas" y ha defendido el esfuerzo que realiza la Generalitat y que "va a tener que seguir haciendo" para que "con más imaginación y con otras políticas de ahorro y de ajuste, la ayuda llegue donde ha de llegar".

Medidas para "consolidar" el estado de bienestar
En este punto, preguntado por la aprobación el pasado viernes de la moratoria de un año para la incorporación de nuevos 'dependientes moderados' en el Sistema de Atención a la Dependencia, Cabré ha argumentado que el Gobierno central adopta esa decisión "para evitar otros recortes" de ayudas y la ha enmarcado en una política "realista" y "sensible" con este colectivo.

En su opinión, esas medidas buscan "consolidar" el estado de bienestar para que pueda seguir adelante con la "tranquilidad" de contar con el apoyo financiero que requiere. "Lo que no es de recibo es la situación que hemos estado viviendo de una ley sin la financiación que le corresponde y que es la adecuada", ha zanjado.

El presidente del Cermi CV ha recordado que en la discusión parlamentaria de la Ley de la Dependencia solicitaron la creación de un impuesto especial para financiarla -como hizo Alemania-, y que ninguno de los grandes partidos atendió esa petición, y ha solicitado que "en Valencia, por lo menos los expedientes que están en marcha se resuelvan lo más favorablemente posible y lo antes posible".

MURCIA

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Murcia abonará a la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física (Famdif) los más de 433.000 euros que le adeuda correspondientes a ocho mensualidades del convenio de servicios y mantenimiento de centros correspondiente a 2011, cuyo importe asciende a 650.000 euros aproximadamente.

En concreto, el 50 por ciento se liquidará en breve, mientras que los 216.000 euros restantes (el otro 50 por ciento) se abonarán antes de que finalice el primer trimestre del año.

Así se lo ha traslado el jefe del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel, a la presidenta de dicha federación, Carmen Gil, tras el encuentro que han mantenido en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno murciano, con la Junta Directiva de Famdif.

Reducción de empleo

Es precisamente el Servicio Regional de Empleo y Formación y el de integración laboral de personas con discapacidad los más urgentes de restablecer y los que se ven más afectados por la falta de liquidez, según ha confesado Carmen Gil, quien ha alertado que este servicio atiende a 7.000 personas con discapacidad física y orgánica que buscan empleo.

De ahí la "incertidumbre" de Famdif, debido a que "la partida para este proyecto se verá reducida en un 67 por ciento, lo que significaría hacer una reducción de los profesionales que se dedican de forma directa al usuario". De manera que se pasaría de 12 a 3 ó 4 profesionales.

"Con este recorte difícilmente podremos seguir dando este servicio, que es un proyecto por el que la Comunidad ha apostado", cuyo compromiso ha trasladado igualmente el presidente Valcárcel.

En esta línea, la presidenta de Famdif ha alertado de la situación de "peligro" en la que se puede encontrar este colectivo, ya que el convenio de 2012 "se ve afectado por un recorte del 17 por ciento".

No obstante, ha asegurado que Valcárcel se ha comprometido a que la partida presupuestaria de este año, que asciende a 535.000 euros, se hará mediante pago fraccionado desde el mismo mes de enero, "independientemente de que el pago de 2011 se hará de forma fraccionada: un 50 por ciento ahora y la otra mitad en un par de meses".