CERMI propone nuevas medidas en la Convención de la ONU

El CERMI ha elaborado un documento de propuestas de enmiendas al proyecto de Ley de adaptación de la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, se propone la modificación de la noción legal de persona con discapacidad para otorgar mayor seguridad jurídica a la misma y establecer esta definición como genérica para todo el ordenamiento jurídico, “previéndose que por norma legal puedan otorgarse otras definiciones a los efectos exclusivos de ordenamientos sectoriales, como el fiscal o de Seguridad Social”.

Por otra parte, el CERMI pide que la defensa y protección con las discriminaciones y los tratos desiguales injustificados se extiendan a todas las personas en situación de hecho de discapacidad, con independencia de que cuenten o no con el reconocimiento oficial. “El grado reconocido de discapacidad sólo ha de operar como requisito para acceder a medidas de acción positiva, pero no para evitar la discriminación”, aclara.

En cuanto a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, se procede a rebajar los límites temporales máximos en los que, según la Ley, todos los entornos, productos y servicios tendrían que ser accesibles y no discriminatorios, ya que en el momento de aprobación de la Ley en 2003, se concedieron plazos “muy dilatados” (hasta 17 años, es decir, hasta el 2020), que es el momento de acortar.

Así, según el CERMI, “se cumple el compromiso electoral del Gobierno actual, que llevaba entre sus promesas para la presente legislatura, la de la rebaja de los plazos máximos de esta Ley”.

En relación a las infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se busca aplicar, con carácter transitorio, en las Comunidades Autónomas, el régimen específico de infracciones y sanciones aplicable por la Administración General del Estado en esta materia, “a fin de evitar las situaciones de impunidad que puedan producirse por violación del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”.

“Esta aplicación del régimen estatal se mantendría sólo hasta tanto no se promulgasen las leyes específicas sobre esta cuestión”, añade. Asimismo, apunta que “hasta el momento y después de más de tres años de promulgación de la Ley estatal, sólo la Comunidad Foral de Navarra ha legislado en esta cuestión, remitiéndose al régimen estatal”.

Otras propuestas que plantea el CERMI van dirigidas a mejorar el grado de inclusión en la comunidad de la ciudadanía española con discapacidad, recogido, por otra parte, en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que consagra el derecho a ser incluido en la comunidad.

Entre estas medidas, destacan: la reserva de un cupo de farmacias para personas con discapacidad; el derecho a la vivienda; la exención de abono de peaje los titulares de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad; la reserva de un cupo de plazas para profesionales sanitarios con discapacidad; o la obligatoriedad de accesibilidad en viviendas para personas con discapacidad.

También se encuentran otras medidas, tales como: la asimilación legal a efectos laborales de las personas con capacidad intelectual límite; la accesibilidad para personas con discapacidad de las emisiones publicitarias en soporte audiovisual; la contratación en el sector público; la modificación de la Ley General de Subvenciones; o la accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos.

Por último, el CERMI propone una adaptación normativa para que las personas con discapacidad alcancen la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, “en todos los sentidos de la vida”.