Andalucía valora llevar a los tribunales la "paralización" de la Ley de Dependencia

La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha denunciado  en el Parlamento autonómico que el Gobierno central ha emprendido una "derogación velada y no expresa" de la ley de Dependencia que la Junta de Andalucía estudia denunciar en los tribunales.

"Hay una derogación velada y no expresa de la ley de Dependencia por parte del Gobierno de España, que se retira de forma sibilina de su financiación y deja toda la responsabilidad en manos de las comunidades autónomas", ha aseverado Montero.

La consejera también ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de privatizar de forma encubierta estas prestaciones pues, en su opinión, prima las ayudas económicas a las familias frente a la asistencia pública o privada al dependiente, pese a que la ley prioriza esta última actuación, por lo que la Junta de Andalucía "no descarta" emprender "acciones judiciales" contra el Gobierno central.

Montero ha denunciado que Andalucía ha dejado de recibir desde el Gobierno central, "sin explicación alguna", 214 millones de euros en los dos últimos ejercicios para prestaciones por dependencia, lo que habría obligado a eliminar a unos 40.000 beneficiarios si no hubiera sido por "el esfuerzo" realizado por la Junta de Andalucía.

"Andalucía no puede mantener el sistema de bienestar sin la aportación de la administración central", ha apostillado. Ha enfatizado que Andalucía "está a la cabeza de España" en estas prestaciones, pues mantiene a 190.100 beneficiarios y suma 261.000 prestaciones -el 25 por ciento del total nacional- y cubre a 66.528 personas por teleasistencia -la mitad de todas las de España- pero ha advertido de que estas prestaciones peligran por los recortes del Gobierno central.

En cuanto a ayuda a domicilio, en Andalucía hay más de 49.800 beneficiarias, el 40 por ciento del total nacional, mientras que son 107.800 las personas que reciben ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar.

Montero ha destacado que Andalucía ha invertido más de 4.500 millones de euros en la aplicación de la Ley de Dependencia desde que entró en vigor y que ha multiplicado por siete los fondos destinados a estas prestaciones.