La Junta pide al Gobierno 800 millones para la dependencia

La Junta pidió ayer al Gobierno que aumente la dotación que dedica a sufragar los servicios de dependencia en Andalucía hasta alcanzar la cantidad que aporta la administración andaluza, que en los Presupuestos de 2016 ronda los 1.131 millones de euros.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia recoge que la financiación de estas prestaciones deben compartirla el Estado y las comunidades autónomas al 50%, por lo que Ejecutivo que preside Mariano Rajoy debería aportar 800 millones más para alcanzar la mitad del coste, frente al 22% que destina ahora.

Esta es una de las medidas urgentes que anunció ayer la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en el contexto de la presentación de un pacto de Estado para garantizar la viabilidad de los servicios de dependencia.

Sin embargo, el acuerdo incluye otra propuesta que, según la Junta, debe llevarse a cabo con celeridad y que pasa por devolver al registro de la Seguridad Social a las personas cuidadoras familiares y no profesionales. Este colectivo, formado en un 94% por mujeres, perdió sus derechos laborales tras un real decreto aprobado en 2012.

El pacto que propone la Junta tiene entre sus objetivos reformar el modelo de financiación en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera "para asegurar la sostenibilidad del sistema". Otra forma de blindar el "cuarto pilar del Estado del bienestar" -tal y como lo definió el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez- consiste en establecer la necesidad de un consenso amplio para cualquier reforma de la ley de dependencia.

"Debería ser, al menos, tan amplio como el que hubo cuando se puso en marcha", detalló la consejera. Además, la propuesta andaluza también pretende que se derogue la llamada ley de la reforma local porque, según Sánchez Rubio, retira a los ayuntamientos las competencias en la prestación de dependencia. 

La iniciativa ya había sido mencionada en anteriores ocasiones por la presidenta, Susana Díaz, o por la propia Sánchez Rubio en foros sectoriales como el que se celebró en Madrid a mediados de octubre; pero no fue hasta ayer cuando se presentó formalmente. A pesar de la inminencia de las elecciones generales, la consejera rechazó cualquier intención electoralista y aseguró que es buen momento para la puesta en marcha del acuerdo, ya que permitirá al resto de fuerzas políticas a posicionarse al respecto.