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Un informe sobre los derechos y la calidad de vida refleja las graves carencias en las necesidades sanitarias

El 50% de las personas discapacitadas presentan un mal estado de salud

El 49,5% de las personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo presentan un estado de salud malo o muy malo, frente al 34,7% de aquellos con discapacidad intelectual moderada. Así lo pone de manifiesto el estudio Todos somos Todos sobre Derechos y Calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo realizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca.

El estudio, promovido por Plena Inclusión y cuyos principales investigadores son Miguel Ángel Verdugo y Patricia Navas, señala que es necesario que la Administración contemple las necesidades de este colectivo de manera prioritaria y urgente, ya que la población con discapacidad intelectual con mayores necesidades de apoyo se va a ver incrementada.

Plena Inclusión, organización formada por 17 federaciones autonómicas y casi 900 asociaciones en toda España, destaca la situación de exclusión de estas personas, a las que se les priva de sus derechos por la falta de acceso a la educación, ya que apenas el 6% dispone de estudios primarios completos, o al empleo, puesto que el 96% se encuentra inactivo.

De este modo, Plena Inclusión señala que para evitar esta preocupante situación de exclusión social, la atención de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo debe constituir una prioridad en la agenda social del gobierno y que es necesario homogeneizar el proceso de valoración de la dependencia y prestaciones en cada comunidad autónoma.

La presencia de enfermedades crónicas es especialmente elevada (70,7%) para aquellas personas con discapacidad severa y profunda residiendo en centros. Por lo general, el sobrepeso y la obesidad son situaciones generalizadas, afectando a más de la mitad de esta población, no constituyendo un problema con especial incidencia en aquellos con discapacidad severa. Asímismo, cabe destacar que la sedentariedad caracteriza el tiempo libre de las personas con DI severa o profunda. El 72,4% ve la TV o un DVD, caracterizándose este tipo de práctica como la más usual y característica de las personas que residen en hogares.

Por el contrario, y aunque lo desean, muchos de los que residen en hogares no pueden emplear su tiempo libre en un ocio más activo como viajar, visitar a familiares o hacer ejercicio físico dada su discapacidad.

El 80% de las personas con DI severa y profunda que residen en su hogar y el 90% de aquellos que lo hacen en centros presenta limitaciones para el autocuidado y la vida doméstica. El estudio indica que "en un país como España, dadas las dificultades derivadas de la independencia con que servicios sociales y sanitarios operan, urge poner en marcha el desarrollo de planes específicos de atención sanitaria para un grupo de población cuya esperanza de vida parece haber aumentado y que presenta especiales dificultades de acceso a los servicios por motivos tales como: mayores dificultades de comunicación; carencia de estándares de atención sanitaria específicos; especiales dificultades de acceso a programas de promoción de la salud y escasa participación en lo que a su atención médica se refiere".

Barreras en la atención médica rutinaria

El Informe Mundial sobre Discapacidad, de la OMS, señala que las personas con DI, además de presentar mayores problemas de salud que la población general, experimentan más barreras que sus iguales sin discapacidad a la hora de recibir atención médica rutinaria, barreras que pueden ser más acusadas para aquellos con niveles de discapacidad más severos.

La Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU subraya que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, para lo cual se han de adoptar las medidas pertinentes (incluyendo la formación especializada y continua de los profesionales sanitarios) con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud.